El Ministerio Público (MP) logró un nuevo paso en el combate al lavado de activos en Honduras: un tribunal declaró con lugar la privación definitiva del dominio sobre 25 bienes vinculados a Magdaleno Meza Fúnez —también conocido como Nery Orlando López Sanabria— y a su esposa, Erika Julissa Bandy García, ambos fallecidos. La resolución, impulsada por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD), abarca propiedades, sociedades y recursos financieros valorados en más de nueve millones de lempiras.

¿Qué ordenó la justicia?

Según el MP, el fallo ampara el comiso de tres bienes inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros. La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) documentó que los titulares de derecho —entre ellos, además de Meza y Bandy, José Santos Mejía Laínez y Maximiliano Echeverría— no acreditaron actividades comerciales legales, oficios o profesiones que respaldaran el manejo de altas sumas de dinero. La privación de dominio es una herramienta jurídica que permite al Estado recuperar bienes cuyo origen lícito no se demuestra, independientemente de procesos penales previos o en curso.

Los indicios presentados por el MP

Las pesquisas señalan que los investigados movían fuertes cantidades de efectivo, luego canalizadas a inversiones en propiedades, empresas y otros activos. La DLCN también registró que, al momento de su captura, se les incautaron grandes sumas de dinero, armas, oro y joyas. Un punto clave fueron libretas con anotaciones de operaciones financieras, compras de bienes, pago de impuestos, planillas y detalle de activos, documentos que —de acuerdo con la acusación fiscal— perfilaban un esquema de manejo de recursos sin respaldo legal. Con estos elementos, la SCDLAPD solicitó y obtuvo el fallo de privación definitiva del dominio.

Como dato, el conjunto de bienes bajo comiso supera los L9 millones e incluye 25 activos en total: 3 inmuebles, 3 vehículos, 8 sociedades y 11 productos financieros. Para el MP, esta proporción entre patrimonio y actividades no justificadas fue determinante para sostener la medida.

El trasfondo del caso Magdaleno Meza

Magdaleno Meza Fúnez fue identificado en su momento por las autoridades como presunto narcotraficante con vínculos con redes del crimen organizado. Fue detenido en junio de 2018 junto a su esposa por la Policía Militar y la DLCN; en el operativo se aseguraron dinero, armas y libretas con información sensible. Meza falleció el 26 de octubre de 2019, luego de ser atacado por otros privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad El Pozo I, en Ilama, Santa Bárbara, mientras guardaba prisión preventiva por delitos relacionados con lavado de activos. En 2026, cuatro reos fueron condenados a 20 años de cárcel por su participación en ese asesinato.

Erika Julissa Bandy García recuperó su libertad en 2022 y fue víctima de un ataque armado el 22 de junio de 2023 en una panadería del barrio Río de Piedras, en San Pedro Sula, donde también murieron sus dos guardaespaldas. De acuerdo con los reportes, Bandy había estado recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y contaba con medidas de seguridad tras salir.

Lo que significa este fallo

La privación de dominio busca cortar el músculo financiero de redes ilícitas, restituyendo al Estado los bienes cuyo origen legal no se demuestra. En este caso, el MP sostiene que la evidencia financiera —sumada a los hallazgos de la DLCN— permitió sustentar la decisión judicial. Con el comiso, los activos pasan a la administración estatal conforme a la ley, en tanto continúan las labores de investigación y control patrimonial.

Este resultado judicial forma parte de los esfuerzos institucionales contra el lavado de activos en Honduras y sienta un precedente sobre el uso de herramientas patrimoniales para afectar la estructura económica del crimen organizado. Para más información actualizada y seguimiento a este y otros casos de interés nacional, visita jaipurstacktech.blog