Lead El caso del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH) vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tan claro es el manejo del dinero público en una política clave como la vivienda? La investigación de Contracorriente reveló que Héctor Rolando Estrada Muñoz, nombrado director ejecutivo ad honorem del PVAH en 2022, habría recibido mensualmente 85 mil lempiras como “asesor ejecutivo” entre 2023 y 2026, pese a su designación sin sueldo.

Cuerpo Estrada fue juramentado en junio de 2022 para encabezar el PVAH —una instancia operada a través de Convivienda y del programa Red Solidaria de la Sedesol— con la misión de coordinar la política de vivienda. El decreto de nombramiento lo situaba al frente de Convivienda y por encima de Fosovi y del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL), condicionado a evaluaciones de desempeño de la Presidencia.

Mientras su cargo formal se mantuvo ad honorem, la planilla de la institución registró un “asesor ejecutivo” que, según documentación interna citada por Contracorriente, recibió unos 28 pagos de 85 mil lempiras entre septiembre de 2022 y enero de 2026, por un total aproximado de 2.3 millones de lempiras. Al inicio, ese renglón fue ocupado por Olga Doris Castro Sarmiento, hermana de la expresidenta Xiomara Castro, entre septiembre y diciembre de 2022. Su nombre figura en el organigrama de noviembre de 2022, pero el contrato no aparece en la información pública disponible, de acuerdo con el reporte.

Tras ese periodo, el puesto de “asesor ejecutivo” continuó en planillas sin que en los organigramas se identificara al responsable. En enero de 2024, sí aparece el nombre de Héctor Rolando Estrada con salario estimado de 85 mil lempiras, a pesar de su condición ad honorem como director. Excolaboradores consultados por Contracorriente afirmaron que, después de 2022, Estrada habría sido quien percibió ese salario hasta 2026. Ese mismo cuadro de 2024 registra a Claudia Ester Bueso como “asesora técnica” por dos meses, rol que, en la práctica, duplicaba funciones cercanas a la Dirección Ejecutiva.

Paralelamente, Estrada obtuvo tres contratos de consultoría con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). De junio a diciembre de 2022 trabajó como asesor técnico por 60 mil lempiras mensuales y, según el cuadro de contrataciones de enero de 2023, fue contratado otros seis meses por el mismo monto. En el portal de transparencia, sin embargo, no aparece el contrato suscrito para ese segundo periodo. Estrada es ingeniero mecánico y participó en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) entre 2016 y 2017. En 2021 apoyó la campaña de Xiomara Castro desde el Laboratorio de Gobierno, Innovación y Políticas Públicas del Partido Libre. Su gestión fue objeto de críticas públicas en redes sociales, incluyendo señalamientos por presunto nepotismo debido a su parentesco con el exsubsecretario de Prensa, Carlos Estrada; todas, acusaciones que requieren sustento institucional para su verificación definitiva.

Consultado por Contracorriente, el exdirector de Fosovi, Gilberto Ríos, dijo no tener conocimiento de pagos salariales al director del PVAH y aseguró que durante su gestión solo sostuvo una reunión con Estrada en el último trimestre de 2024. El medio también solicitó por la vía de acceso a la información detalles del cargo de “asesor ejecutivo”; al cierre del reportaje, no había respuesta oficial.

Las denuncias laborales añaden otra capa a la historia. Exempleados del PVAH describieron un ambiente hostil, con señalamientos de malos tratos, pagos atrasados y prestaciones pendientes. Uno de ellos afirmó que el sueldo real no coincidió con lo ofrecido y que incluso debía cubrir gastos propios para cumplir con sus funciones. Atribuyeron parte de los conflictos a la gerencia de administración general, a cargo de María Isabel Hernández, por supuestos gritos y negativas a permisos incluso en emergencias médicas. “Muchas veces la vi gritarle a otros empleados por cualquier motivo si no entregaban algo que la gerencia necesitaba o si se atrasaban”, relató un excolaborador. Este mismo trabajador afirmó que, tras disentir con una solicitud del director, el hostigamiento se intensificó con plazos “imposibles”. Según las fuentes, al menos 45 personas siguen a la espera del pago de sus prestaciones desde 2023. Contracorriente contactó a Hernández y a Estrada para conocer sus versiones; no hubo respuesta al cierre.

Contexto y por qué importa Más allá de los nombres propios, el caso exhibe un problema medular: la debilidad de los registros públicos y la opacidad administrativa. El PVAH tenía entre sus metas estructurar un Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos; lo cierto es que, salvo la entrega de 16 viviendas en Patuca (Olancho), no se evidenciaron avances sustantivos en la creación de ese sistema, según el recuento de Contracorriente. En 2025, el presupuesto del PVAH se redujo 34% respecto al año previo de esa administración, ubicándose en unos 263 millones de lempiras, de los que el 21% se destinó a salarios, de acuerdo con las cifras citadas.

A inicios de marzo de 2026, el presidente Nasry Asfura resolvió —en Consejo de Ministros— eliminar el PVAH, Convivienda y Fosovi por duplicidad de funciones, y crear la Secretaría de Vivienda, designando a la exdiputada Francis Ageñal como ministra y a Sumay Josselyne Palacios como viceministra. La reingeniería institucional abre una oportunidad para ordenar el sector, aunque el desafío de fondo sigue ahí: Hábitat para la Humanidad estima el déficit habitacional en 1.6 millones de viviendas.

Cierre El país necesita una política de vivienda con reglas claras, trazabilidad de cada lempira y metas medibles, especialmente cuando la demanda supera con creces la capacidad de respuesta pública. Casos como el del PVAH —con cargos ad honorem, sueldos en paralelo y expedientes incompletos— son un llamado a fortalecer controles, transparencia activa y auditoría social. La nueva Secretaría de Vivienda tiene el reto de empezar con el pie derecho: clarificar lo ocurrido, publicar información íntegra y priorizar a las familias que esperan, desde hace años, un techo digno.